El Consejo General de la Abogacía pide mejorar la formación y actualizar la profesión

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, este viernes en Madrid.

Por Alberto Orellana

"La Justicia es también una palanca económica y no se vislumbran reformas que son inaplazables para competir". Después de las efemérides acaecidas en 2018 (como los 40 años de la Constitución), la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado este viernes que "aún seguimos sin Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia". Victoria Ortega ha sido clara: "Esta es seguramente la última reforma pendiente desde la Transición". Un llamamiento que ha hecho durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

La presidenta del consejo ha manifestado que la "geometría política" no puede ser "una excusa" para poner en marcha reformas en la abogacía. Al fin y al cabo, se trata de una profesión "esencial" para el Estado de Derecho. Y que tiene que atender a cuestiones como la digitalización y la globalización, o la mejora en la formación de sus profesionales.

En 2018 el Consejo General de la Abogacía Española cumplió 75 años. Y después de todo este tiempo, según ha dicho Ortega, apenas ha habido un par de acuerdos (el último en 2017 no llegó a materializarse) de reforma de la profesión. Tenemos "buenos despachos" a nivel "internacional", sí, pero también una estructura normativa "de hace 140 años", ha criticado. "En la era de la globalización, la ciberdelincuencia y el comercio online, no se entiende cómo seguimos aplicando normas del siglo XIX", ha planteado.

Normas procesales, mercantiles o reglas de obligaciones y contratos que, "son magníficas por lo que han permitido", pero que "necesitan una reforma". Tiene que haber cambios en estos "tiempos convulsos" en los que se vive, además, una "desafección" de la población hacia las instituciones, ha planteado Ortega. Quizás porque éstos sienten que "han dejado de atender sus necesidades", ha apuntado. Para revertirlo es importante lograr "digitalizar" e "igualar" la profesión también como un servicio "público" (en el caso de los "turnos de oficio") para el ciudadano.

Así, veremos proyectos como "la formación legal continua o la biblioteca digital", ha dicho. Actualizaciones que harán "mucho más eficiente" el trabajo de los colegios, y que sobre todo "reforzarán el principio de igualdad de armas". Uno que permite a cualquier colegiado, con independencia del colegio o lugar al que pertenece, "acceder online al mismo contenido", ha defendido la letrada.

Sobre la formación de los futuros abogados, Ortega ha dicho que resulta "obligado" poner al servicio de la sociedad a profesionales con los "más elevados estándares de excelencia y preparación". Y esto sólo será posible si "renovamos de una vez el acceso a la abogacía", ha argumentado. En su opinión, hay que sustituir el actual modelo más teórico por una prueba "eminentemente práctica y útil para el ejercicio de la profesión", ha desgranado.

De las universidades y escuelas jurídicas está saliendo talento joven y "extraordinario", ha comentado. Pero este se vería "revalorizado" si no sólo se tuvieran en cuenta sus conocimientos teóricos, "que se presumen", sino también sus "destrezas y habilidades" para la práctica profesional, ha puntualizado. "Llevamos años reclamándolo", ha dicho. En este sentido, Ortega ha sido preguntada por el posible gravamen con la Seguridad Social sobre las prácticas académicas de becarios en despachos profesionales.

La letrada ha dicho haber mostrado ya su negativa de "gravar" con la Seguridad Social al despacho por el becario en prácticas a la actual ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Para Ortega, la parte práctica de los masterandos es "fundamental" y los jóvenes tiene derecho a que su trabajo "esté cubierto". Pero gestionar esas prácticas supone "un esfuerzo" grande para los despachos, ha comentado.

Tanto, que "si se les dice que tienen que darles de alta" -a los becarios-, la abogada está "absolutamente convencida" de que "va a cesar esa oferta" de prácticas, ha explicado. Es un gasto del que no pueden hacerse cargo "ni las universidades ni los despachos", ha resaltado. "Acabar con el sistema de becarios me parece un error garrafal".

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