'Madrid Tax Forum' recupera polémicas del real decreto-ley, la actualidad del FEAC o los retos fiscales de la gran empresa

Conocer la actualidad tributaria con los mejores profesionales para enseñarla. Ese fue el comienzo y es hoy el "corazón" del Grupo CEF.- UDIMA (en palabras de su CEO, Joaquín Espallargas). El Madrid Tax Forum, celebrado este miércoles en la capital junto al bufete Crowe (patrocinador principal del evento) y El Confidencial, fue buen reflejo de ello. En su segunda edición (primera en Madrid), reunió a expertos fiscalistas y miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o la AEAT, que reflexionaron sobre aspectos tan importantes como actuales: desde la inconstitucionalidad en el uso del real decreto ley a nivel tributario, hasta los últimos pronunciamientos sobre el régimen FEAC o los retos fiscales de las grandes empresas, entre otros.

Redacción CEF.- UDIMA

El presidente del Grupo Educativo, Arturo de las Heras, inauguró la jornada recordando que fue precisamente en el mundo de los impuestos donde empezó la institución. Primero preparando a los funcionarios de Hacienda, después con los primeros cursos en materia tributaria "enseñando a liquidar", y posteriormente con la primera revista científica, Contabilidad y Tributación CEF.-.

Todo un mundo, el tributario, que acercaron en su día y siguen hoy enseñando a través de profesionales todavía vinculados a CEF.- UDIMA (algunos más de 25 años después). Una pericia destilada en el Madrid Tax Forum en cinco mesas de debate de ámbitos críticos del sector fiscal.

La primera de ellas recuperaba un tema "polémico" de los últimos años: el real decreto-ley. Más allá de las críticas al Gobierno por usar este instrumento híbrido "con bastante asiduidad" a nivel tributario, se analizó su choque con aspectos "quizás menos conocidos", decía José Antonio Sánchez (decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas CEF.- UDIMA), como algunos principios constitucionales. En concreto se diseccionó el encaje de esta herramienta legal con el principio de capacidad económica a través de dos casos concretos: el RDL 2/2016 y el RDL 3/2016.

Enrique Arnaldo, como magistrado del Tribunal Constitucional, repasó la concepción de los principios constitucionales, como la idea de 'justicia' (algo "pretencioso" de aplicar a nivel tributario, en su opinión). Arnaldo advirtió de que el uso reiterado del real decreto-ley en materia tributaria “va en contra de la vocación actual que la Constitución establece para las leyes”. Y subrayó que el control tributario debe ponderarse también desde los derechos fundamentales de los contribuyentes, y no solo desde la primacía del crédito público.

Por su parte, Félix Alberto Vega (catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la UAM) ahondó en la declaración de inconstitucionalidad del RDL 2/2016 que modificaba el pago fraccionado mínimo del Impuesto de Sociedades (IS). Además de analizar los efectos que dejó en la Ley de presupuestos de 2018 (con cambios que adolecen del mismo defecto de fondo que el RDL), Vega aventuró que probablemente el TC no lo declarare inconstitucional, ya que eso implicaría hacer lo mismo con el RDL 3/2016, “mucho más grave”.

Sobre este último profundizó Jordi de Juan (socio de Crowe y abogado del Estado en excedencia), quien recordó que el Constitucional lo anuló por motivos formales, sin entrar en el fondo, pese a tratarse de una "normativa emboscada" con evidente "pulsión recaudatoria". Aquello permitió reintroducir medidas ya anuladas en la ley 7/2024. De Juan analizó también las implicaciones de la STC 11/2024 y sus consecuencias fiscales.

FEAC: a la espera de Europa

La segunda mesa, Régimen FEAC y su estado actual a la luz de los últimos pronunciamientos, se centró en una temática que la propia revista de CEF.- ya recogía en un par de artículos, como apuntó el moderador Juan Ramón Chaler (abogado en activo, asesor fiscal y profesor de CEF.- UDIMA). En este tema es especialmente importante el pronunciamiento que está aún por llegar: el de la Unión Europea sobre la correcta aplicación de este régimen fiscal especial de las operaciones de reestructuración empresarial (FEAC). "¿Habrá fumata blanca?", planteaba Chaler.

Isaac Merino, magistrado del Tribunal Supremo, aceptó que se trata de un régimen "bastante discutido", y desgranó algunos aspectos con "interés casacional". Por una parte, la publicación del Diario Oficial de la UE ese mismo lunes (19 de mayo) por parte de la Comisión, que determina el uso del "régimen de diferimiento" (algo "ya conocido").

Por otra, la pronunciación del TSJ de Castilla y León (ST 13/7/2024) seguida por otros tres veredictos, que "parecen anticiparse a la comisión", pues este debate (sobre el reparto de participaciones ante la escisión de una empresa en dos o más sociedades existentes o nuevas) lleva abierto al menos desde 2014, con dos fallos del Constitucional con "sendos votos particulares" sobre esta cuestión, abundaba.

A continuación, la máxima autoridad administrativa en el Madrid Tax Forum, Joaquín Arroyo (vocal del TEAC de Imposición Directa) desgranó la aplicación de la cláusula antiabuso en aportaciones de acciones sobre personas físicas. Lo hizo para introducir "la mayor claridad posible" en lo expuesto por el Tribunal Económico-Administrativo, y diferenciando dónde no han innovado (en el 'cuándo se aplica': fraude o elusión fiscal) y en dónde sí (en el criterio diferenciador: interpretación literal y finalista -89.2 y R. FEAC-, eliminando solamente el efecto fiscal abusivo).

Daniel Tarroja (socio de Crowe) aportó la perspectiva de la asesoría fiscal. Detalló la evolución que han experimentado la cláusula antiabuso y sus matizaciones, ajustándose cada vez más al artículo 89.2 de la LIS. Teniendo en cuenta que dicha cláusula tiene que pasar el doble filtro del tribunal nacional y europeo, Tarroja detecta desconexiones e imprecisiones que "abonan la conflictividad tributaria". La demostrada mala transposición que tenemos, decía, pone de relieve preocupación del sector privado: "aplicar una imprescriptibilidad jurídica de fraude" sin normas "claras y pacíficas".

Un clásico fiscalista

El segundo bloque del día se cerró con la tercera mesa, enfocada en las Novedades Jurisprudenciales en sede contencioso-administrativa y económico-administrativa, de la mano del director del Máster de Tributación del grupo CEF.- UDIMA, Antonio Cuevas. Una mesa "clásica" para los fiscalistas, acostumbrados a este tipo de cambios.

De una parte, el magistrado del Tribunal Supremo Francisco José Navarro-Sanchís analizó tres sentencias del Supremo, haciendo una crítica al régimen de la prueba pericial, que ha llegado a casos en los que "ni siquiera se ha establecido una prueba pericial como tal, sino una prueba documental que contiene una pericial, y que las salas de primera instancia luego aceptan, explicó.

Remataron la mesa Alejandro Blázquez Lidoy (catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos) y Francisco Palacio (vocal del TEAC en el área de Recaudación y profesor de CEF.- UDIMA). El primero diseccionó la sentencia del Supremo sobre los 'Papeles Bárcenas’, la pronunciación del TEAC sobre el patrimonio privado de sociedades mercantiles en este 2025, y los "vientos de cambio" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ST 10/2/2025) para las sociedades profesionales.

En su turno, Palacio repasó las "memorias de la Agencia Tributaria" para constatar cómo la recaudación y la responsabilidad tributaria han crecido exponencialmente en los últimos años (han pasado de representar el 20% al 80% de los casos).

Fiscalidad internacional: retos y vías amistosas

El tercer bloque de mesas comenzó de la mano de Carmen Cámara (profesora Titular de Derecho Tributario en CEF.- UDIMA) con la Resolución de conflictos en materia de imposición internacional: MAPS/APAS, dedicada a los procedimientos amistosos (MAPS) y los acuerdos previos de valoración (APAS). Para profundizar en ellos, el Madrid Tax Forum contó con Ascensión Maldonado (jefa de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional -ONFI- de la AEAT), Sebastián Piedra (socio de Crowe e inspector de Hacienda en excedencia) y Fernando Serrano (catedrático de la UCM).

La máxima exponente de la ONFI aportó una visión general del panorama de los procedimientos amistosos (arbitraje, MAPs, Acción 14 BEPS) en el área de precios de transferencia, atribución de beneficios en materia de establecimientos permanentes…. En 2023 la OCDE contabilizó en casi 500 los casos resueltos con procedimientos amistosos (en 2016 eran 222, cuando empezó a llevar las cuentas).

En su turno, el catedrático de la Complutense citó algunas de las controversias recientes más destacadas al albur de esta vía alternativa de resolución de conflictos. Con más de 25 años trabajando en los procesos amistosos, Serrano reconoció que la evolución de esta fórmula ha sido notable, aunque no está exenta de temas polémicos: EPS, residencia, precios de transferencia, ejercicios de extralimitación internacional impositiva...

Para cerrar, el inspector de Hacienda compartió dos casos prácticos reales en los que participó (uno en la Administración y otro en la empresa privada) ambos con un contenido común: el APA fue el resultado final. Un camino "complejo, difícil, costoso... pero con el tiempo hemos mejorado mucho los tiempos de resolución, negociación y los acuerdos que se alcanzan". Según Piedra, el MAP pretende solucionar conflictos, y el APA evitarlos; por ello las considera "soluciones de gran garantía para las empresas".

Grandes empresas

Las grandes empresas son, en gran medida, las que más impulsan la economía española, aunque sea en términos absolutos. Sin embargo, gestionar la fiscalidad de compañías de un tamaño tan grande puede provocar distintas interpretaciones, discrepancias en las normativas o incluso dudas a la hora de aplicar las recién aprobadas.

Varias de estas dudas giran en torno al llamado “Pilar 2”, una nueva regulación impulsada por la OCDE y que busca que las multinacionales tributen un mínimo del 15% en cada uno de los países en los que opere.

Esta nueva regulación se considera compleja de entender y calcular, siendo el primer impuesto nuevo en mucho tiempo, lo que requiere el concurso de gran cantidad de asesores y expertos y puede tener efectos colaterales en la economía real.

La complejidad creciente del sistema tributario ha llevado paralelamente a un aumento de la conflictividad y de la inseguridad jurídica, si bien debe destacarse el interés común, tanto por parte de las empresas como de la propia Administración Tributaria, en que el sistema funcione.

Sobre estos temas debatieron en esta mesa redonda Elena de Casso, directora de Oficina Técnica y Asesoría Fiscal del Banco Santander, Ángel Martín, director de la Asesoría Fiscal de Telefónica, y Fernando Bonastre, director de Asuntos Fiscales de Repsol.