Instan a empresas y representantes de los trabajadores a "cambiar su enfoque" digital de información y consulta
El impacto de la digitalización en la representación de las personas trabajadoras: posibilidades y desafíos para los derechos de información y consulta y la negociación colectiva. Este es el título del trabajo de investigación de José María Miranda Boto y Elisabeth Brameshuber, que ha obtenido un Premio Accésit en la categoría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en el Premio Estudios Financieros 2023. Preguntamos a sus autores para conocer con más detalle su aportación investigadora.
¿Podrían resumir su carrera investigadora?
Nuestra colaboración académica se inició en marzo de 2011, trabajando juntos en un informe sobre la negociación colectiva transnacional para la Comisión Europea. Tras ese primer encuentro, hemos colaborado en publicaciones, congresos y estancias docentes. En 2019, la Comisión Europea nos concedió un proyecto de investigación, COGENS (VS/2019/0084), en el que al frente de un consorcio integrado por investigadores de quince Estados miembros de la UE estudiamos la negociación colectiva en el marco de la economía de plataformas. El resultado más destacado de esta investigación fue una monografía, editada por nosotros, en seis idiomas. Recientemente, la Comisión Europea nos ha concedido un nuevo proyecto, DIGILARE, de similares características, con el que estudiaremos durante los próximos dos años la digitalización de las relaciones laborales y los medios de información y consulta de los representantes de los trabajadores.
¿En qué consiste la investigación y cuál ha sido la conclusión?
Este artículo es el primer resultado de este nuevo proyecto de investigación. En primer lugar, hemos preparado una base de Derecho comparado, realizada principalmente por Elisabeth Brameshuber, en la que analizamos aspectos concretos de nuestro plan de trabajo: el uso de herramientas digitales por los representantes de los trabajadores, el voto electrónico en elecciones de empresa o la consulta sobre la utilización de recursos electrónicos, entre otros. Sobre esa base, se ha analizado la situación española, a cargo de José María Miranda Boto, comprobando que en algunos casos nuestro país es pionero en su puesta en práctica.
Nuestra principal conclusión es que es necesario un cambio en el enfoque de las prácticas de información y consulta. Deben transformarse en una herramienta de cooperación y no en un obstáculo o una vía de enfrentamiento. De esta forma, la digitalización podrá ser asumida de una forma positiva por empresas y trabajadores.
¿De qué modo los resultados de la investigación pueden repercutir en la sociedad?
Nuestra investigación tiene un enfoque práctico y propositivo. A lo largo del proyecto DIGILARE, celebraremos diversas reuniones científicas, en las que contrastaremos este trabajo (y otros que se produzcan en el futuro) con los propios implicados. Queremos discutir nuestras conclusiones científicas con los aplicadores prácticos, empresas y representantes de los trabajadores, para intentar difundir las mejores prácticas.
¿Cuál es la situación que atraviesa en materia de investigación y desarrollo el área de conocimiento de la que son expertos?
El contraste entre España y Austria es muy notable, no podemos ocultarlo, especialmente en términos financieros. En lo personal, ambos países cuentan con potentes escuelas de estudio del Derecho del Trabajo. Pero nuestro trabajo se enmarca, especialmente, en un ámbito europeo. En este marco, la Comisión Europea proporciona recursos muy considerables que permiten desarrollar investigaciones comparadas como esta.
¿Cómo valoran el Premio Estudios Financieros y las ayudas que comprende a la investigación?
El Premio Estudios Financieros es una iniciativa como existen pocas en Europa. Su mecenazgo a lo largo de más de treinta años es irrepetible y para nosotros ha sido una satisfacción que este primer trabajo realizado en el marco del proyecto DIGILARE haya sido distinguido con un Accésit.
